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31/07/2018 - Columna de opinión
Comercio y Justicia | Opinión

Con el corazón azul



El 30 de Julio de cada año se celebra el “Día Mundial contra la Trata de Personas”, fecha que instituye Naciones Unidas en un claro mensaje por el que se refleja la preocupación por el crecimiento ininterrumpido de la trata de personas, instando a la población y a los gobiernos a que se tome conciencia sobre la situación de las víctimas de la trata de personas y de promover y proteger sus derechos frente al crecimiento desmesurado de aquella en el orden mundial.
La campaña se simboliza a través de un “Corazón Azul” que refleja la lucha contra el ominoso delito de la trata de personas, así como también es una forma de visibilizar su existencia, para tomar conciencia y sensibilizar a nuestra comunidad sobre las gravosas consecuencias en cualquiera de sus modalidades y el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran aquellas personas sometidas a la trata.

Factores tales como pobreza, desempleo, falta de educación, violencia o maltrato extremo, y crisis humanitaria migratoria, guerras y marginalidad se erigen como tierra fértil para el accionar de explotadores en una compleja trama delictiva que no reconoce fronteras ni nacionalidades y que logra despojar a las personas de sus derechos humanos, dignidad y libertad, convirtiéndolas en objetos, despojadas de toda capacidad de decisión, avanzando en una gradual despersonalización que avasalla la dignidad de la persona humana.
A pesar de los ingentes esfuerzos llevados a cabo por los Estados, la trata de personas es un delito que, en la última década, se ubica entre las tres mayores formas ilícitas de carácter lucrativo en el mundo, junto con el tráfico de drogas.
En la actualidad, 71% por ciento de las víctimas de trata de personas es mujer o niño, es decir los grupos más vulnerables de la población, siendo un tercio niñas y niños, en su mayoría explotadas con fines sexuales, matrimonios forzosos, “mulitas” o pasantes de droga.
De esta manera, mujeres y niñas preferentemente suelen ser explotadas con la finalidad de matrimonios forzados y esclavitud sexual; los hombres y los niños suelen serlo mediante el trabajo forzado en el sector minero, rural, textil, soldados y esclavos.
Nuevas modalidades comienzan a presentar un crecimiento desmesurado, y es allí donde la explotación con la finalidad de obtener niñas/niñas mulas, pornografía infantil, matrimonio forzado, adopción ilegal son detectadas a escala mundial.

Argentina no resulta ajena a esta realidad, habiéndose consolidado como país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, tanto en su dimensión interna como trasnacional; esto significa que con el transcurso del tiempo se consolida como Estado permeable a la presencia de redes de trata de personas.
Si bien nuestro país se encuentra dentro del 85% que ha criminalizado el delito, lo que sin duda se presenta como dato positivo y demuestra esfuerzos significativos en la lucha contra la trata de personas, en particular a partir de su federalización, es unánime el reclamo de organismos supranacionales con relación al escaso índice de sentencias condenatorias, el cual se mantiene muy bajo, sin dejar de mencionar que las víctimas no siempre reciben la protección y los servicios que los países están obligados a proporcionarles, situación que se complejiza si tenemos en cuenta la disparidad de recursos con los que cuentan los Estados provinciales y la mucha o escasa prioridad del tema en cuanto política pública, lo que -por cierto- repercute necesariamente en la asistencia que se les brinda a las víctimas.

Si bien existe una necesidad concreta de invertir más recursos para identificar y asistir a las víctimas, así como en mejorar las acciones del sistema de justicia penal en la órbita federal para detectar, investigar y procesar judicialmente con éxito los casos de trata de trata de personas, no podemos dejar de destacar que a diez años de la sanción de la primera ley de prevención de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, los avances son auguriosos, en particular -desde el año 2016- la puesta en funcionamiento del Consejo Federal de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.
Para seguir avanzando en la lucha contra la trata de personas, urge la superación de determinados obstáculos.

Se torna urgente poner énfasis no sólo en la prosecución del delito y castigo a los responsables sino también en la atención y asistencia a las personas sujetas a la trata de personas, así como también el real acceso a la justicia para garantizar la restitución de sus derechos. Es ésta una responsabilidad ineludible e indelegable del Estado.
Cualquier política pública que pretenda luchar contra este terrible flagelo requiere de una real dimensión que equipare las medidas tendientes a la represión del delito -mirada jurídica-, y las destinadas a la asistencia -mirada sociológica, con especial enfoque en los derechos humanos-.
Se requiere de una clara voluntad política que remueva algunos de los principales obstáculos, tales como la falta o escaso presupuesto y dificultades para su atención y asistencia, agravado por la falta de sensibilización y conocimiento por parte de los diferentes responsables de su real dimensión en la aplicación de las políticas públicas.
Complicidad o corresponsabilidades de los funcionarios políticos, autoridades del Estado y policiales, con el sujeto activo del delito. a falta de mecanismos de información, concientización, sensibilización haciendo hincapié en la prevención del delito, son algunos de los puntos que deben revertidos. Es momento de combatir la indiferencia. Estamos ante una nueva oportunidad.

(*) Docente e investigadora de la UCC. Consultora especializada en Asistencia y Prevención de la Trata de Personas. Abogada en la Secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personasin


Tipo de nota: Columna de opinión
Medio:
Comercio y Justicia
Sección/Suplemento: Opinión | Página: 9 A
Autor / Redactor: Sabrina Kenis
Fecha de publicación: 31/07/2018
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