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12/01/2020 - Entrevista
La Voz del Interior | Sucesos

Liliana Navarro: A la Policía no se la tuvo que restar en la persecución al narcotráfico


La jueza federal estará al frente de la Cámara durante todo 2020. Advierte que el narco se ha insertado en los barrios de Córdoba y subraya la necesidad de aunar a todas las fuerzas de seguridad.


Ingresó en la Justicia federal de Córdoba por concurso, allá por 1987. Pese a que hacía dos años se había recibido de abogada en la Universidad Católica de Córdoba con el mejor promedio, fue en ese edificio próximo al parque Sarmiento en el que comenzó a unir la teoría con la práctica. Se convirtió en una especialista en la lucha contra el narcotráfico, y desde entonces ha brindado capacitaciones a distintas fuerzas de seguridad. Con su carácter sin vueltas, marcó territorio desde aquel mismo comienzo. Tuvo encontronazos con los investigadores, a los que más de una vez les remarcó cómo hacer bien los procedimientos y evitar los “atajos”.

Durante 23 años estuvo al frente de la secretaría penal del Juzgado Federal N° 1, hasta que el 29 de diciembre de 2014 juró como jueza de la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones.

Ahora, ingresó en 2020 como la nueva presidenta de toda la cámara, en una elección que salió por unanimidad junto a sus cinco pares, pero que fue precedida por una agria polémica interna que decantó en que se pusiera fin a la potestad del doble voto presidencial en caso de empate. “Soy la primera presidenta del consenso”, se jacta Liliana Navarro justo cuando la entrevista está por comenzar.

–Llega a la presidencia de la Cámara Federal de Apelaciones después de una elección en la que hubo denuncias cruzadas. Ahora, sin el doble voto del presidente, ya no hay riesgo de una mayoría automática.

Es positivo que no se use más el doble voto. Nos obliga a hablar y lograr un mejor convencimiento.

–¿Cuáles son los principales desafíos al ejercer la presidencia de la Cámara durante 2020?

–No me propongo grandes desafíos. Hoy estamos en una situación de emergencia judicial, hay que reducir costos y trabajar con el personal actual. Para realizar los gastos de mantenimiento hay que enfocar en mejorar las condiciones de labor de la gente y concientizar que estamos cumpliendo un servicio de justicia. La imagen de la gente de la Justicia es desde que entra en el edificio de tribunales. No soy una jueza partidaria de no hablar. Creo que es importante colaborar con la prensa, que se conozcan los procedimientos que se realizan, sobre todo los que realizan los juzgados de primera instancia.

–Desde fines de 2012, Córdoba comenzó a aplicar la desfederalización de los delitos menores de drogas. Sin embargo, hoy no parece que se haya cumplido aquella máxima que indicaba que con la desfederalización la Justicia federal iba a tener más recursos para atacar a los verdaderos narcotraficantes.

–La ley de desfederalización estuvo pensada para Buenos Aires y después se invitó a Córdoba a adherirse. Y Córdoba fue más allá. Los jueces de Buenos Aires ya alertaban que las causas del menudeo bajo la órbita provincial obstaculizaban las grandes investigaciones. La Policía Bonaerense investiga narcomenudeo y narcotráfico. Acá pasó así durante menos de un año, desde cuando comenzó a aplicarse a fines de 2012 hasta el narcoescándalo de 2013. Después se creó la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que depende del Ministerio Público Fiscal provincial, y se prohibió a la Policía que investigara narcotráfico. Yo creo que en ese punto se restó en vez de sumar. Es verdad que en Córdoba hay fuerzas nacionales, pero no tienen la cantidad suficiente de agentes, y muchas veces no pueden ir a localidades porque apenas llegan a investigar llaman mucho la atención. Es más fácil investigar con policías locales.

Al abordar el tema de cómo se investiga, en el país se discute mucho sobre el mejor método para resguardar las escuchas telefónicas y también sobre el rol de los informantes. Son dos aspectos clave en esta tarea.

–La intervención telefónica tiene que ir acompañada de otros elementos de prueba que constaten la investigación. Ser garantista es respetar las garantías que reconoce la Constitución Nacional. Antes de librar una orden de allanamiento no me sirve el dato anónimo, sino que este sólo tiene que dar inicio a una investigación para allanar cuando ya hay pruebas más sólidas, que se obtienen en el trabajo de campo.

–¿Y sobre el rol de los informantes?

Hay tres cuestiones incorporadas por la ley nueva: el arrepentido, el informante y el agente encubierto. Hoy el arrepentido tiene que decir la verdad o se le aplica una pena de prisión. ¿Quién es el arrepentido? Primero, el nombre es equivocado porque da la pauta de una condición moral cuando en realidad no se arrepiente de nada, sino que es un delator, alguien que delinquió y por eso conoce a los otros participantes en la maniobra ilegal. A la Justicia le servía más como estaba antes en la ley, donde era un testimonio secreto, con las garantías del caso, y no se lo identificaba. Era tan reservado que ni a la Policía le podíamos decir, ya que se trataba de un medio de prueba extraordinario. Ahora se lo incorpora en la causa y todos lo ven. Sobre el informante, hay de distinta calidad. Desde el padre de un joven adicto que no quiere que le vendan más droga al hijo hasta un traficante que quiere eliminar la competencia y quedarse con el negocio para él solo. En cualquiera de estos casos, es muy difícil que estos informantes accedan a quedar en un registro. Y el agente encubierto no funcionó antes en el país y no va a funcionar ahora. No es como en las películas de Estados Unidos, acá es distinto. El agente tiene que simular lo que no es, se tiene que infiltrar en una banda para aportar información y desbaratarla. Es muy costoso lograr que aparente ser lo que no es.

–En este punto de los informantes, en Córdoba hay uno que aún genera preguntas, Juan “el Francés” Viarnes, aquel que desató el narcoescándalo de 2013, un caso que pareció marcar un antes y un después en las tensiones internas de la Justicia federal local.

–Nada de todo eso puede asombrarnos. Yo antes había participado de otras investigaciones con policías que terminaron acusados. La sociedad espera que hagamos respetar la ley sea quien sea. Hay veces que está el camino corto o el camino largo para investigar. Muchas veces se quedan con la “mula” o el transportista y no se investiga el financista. Hoy nos encontramos con otras dimensiones de droga, con varios kilos que son transportados cuyas investigaciones sólo se cortan en el transportista. Como jueza, no me conformo con que nos quedemos sólo en eso. Hay que ir más arriba. En el caso del narcoescándalo, sorprendió que una persona que era ajena a la fuerza y que había estado detenida (NdR: en referencia a Viarnes) trabajó codo a codo con los policías. ¿Pudo haber sido un buchón? Sí. Pero que ingrese a Jefatura y participe de los operativos ya fue mucho. Si era agente de inteligencia o no, no lo sé. Y si era un psicópata o no, no había ningún peritaje en ese sentido. Cuando salió de la cárcel se había ido a vivir con una funcionaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia. Y comenzó a atravesar las vallas de ser informante y lo extraño es que los policías no lo hubieran investigado. Es indiscutible que estaba mal lo que hicieron junto a él.

–Aunque no sea el único delito que la ocupa, usted se ha especializado en la lucha contra el narcotráfico. Ante su experiencia con las causas que le tocaron y le toca analizar, ¿cómo observa el papel de Córdoba dentro del mapa narco nacional?

–El problema del narcotráfico no es sólo de la Nación sino que afecta a los ciudadanos de Córdoba. Por eso, a la Policía no se la tuvo que restar en su persecución. Todas las fuerzas de seguridad tienen que trabajar. Hoy la Fuerza Policial Antinarcotráfico tiene muy buenos recursos que en su momento la Policía no tuvo, y todo eso está destinado al narcomenudeo, no al narcotráfico. No sirve el procedimiento en una ruta por más kilos de drogas que se encuentren si no se investigan las organizaciones enteras. El narcomenudeo hoy es un negocio familiar. Hay barrios cooptados en Córdoba y en las grandes ciudades. Donde hay gente pobre el narcotráfico ingresa, incluso en domicilios que no son de los narcos. Y allí nadie va a hablar porque no se le puede garantizar la seguridad. Por eso es necesario tener a todas las fuerzas entrenadas para perseguir a este delito, porque si no ocurre lo mismo que en el boxeo: cuando pasa mucho tiempo sin subirnos al ring, cuando nos subimos nos noquean en el primer round.


Tipo de nota: Entrevista
Medio:
La Voz del Interior
Sección/Suplemento: Sucesos |
Extraida de:: Ver web

Autor / Redactor: FEDERICO, JUAN
Fecha de publicación: 12/01/2020
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