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Violencia contra la mujer: normas y realidad

Publicado el 24/08/2015 en Noticias UCC

Por María Verónica Luetto*

La violencia contra la mujer es una problemática mundial, que acarrea la vulneración de derechos humanos fundamentales de las mujeres, debilita su ciudadanía y afecta la legitimidad democrática de un Estado. La gravedad de esta situación ha conllevado a que en las últimas décadas se fueran dictando un conjunto de normas jurídicas, tanto a nivel internacional como local, en las que se reconoce que la violencia contra la mujer es un asunto de derechos humanos, y por lo tanto, los Estados son los principales garantes de la vigencia irrestricta de estos derechos y son responsables por la vulneración por parte de su órganos o por particulares en referencia a ellos.

En el plano internacional diversos  tratados de derechos humanos protegen a la mujer de la violencia, y reconocen sus derechos fundamentales, entre ellos pueden mencionarse la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 1, 2, 3 y 5); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2, 6.1, 7, 9.1 y 26); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés).

La CEDAW brinda el marco indispensable para entender el vínculo entre discriminación y violencia. Además por tener la naturaleza jurídica de convención, su cumplimiento resulta una obligación para los estados partes, quienes tienen que adoptar todas las medidas adecuadas para que a las mujeres no sólo se les reconozcan sus derechos fundamentales en la faz formal, sino que posean el disfrute pleno de todas sus libertades y derechos.

Asimismo, la CEDAW crea el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que en 1989 recomienda por primera vez a los estados que informen sobre la situación de violencia contra las mujeres y sobre las acciones que se hubieran adoptado para erradicarla (Recomendación General No. 12, 1989). Esto significa que los Estados deben rendir cuenta internacionalmente de las acciones y políticas llevadas a cabo para erradicar la discriminación y la violencia contra la mujer.

En el ámbito regional se dicta la Convención de Belém do Pará o Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer  que fue la más ratificada en el ámbito de la OEA y adoptada por su Asamblea General en 1994. En nuestro país, fue ratificada en 1996. 

A nivel nacional, en el año 2009 se sanciona la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (ley 26.485 reglamentada mediante decreto 1011/10) que incorpora los parámetros de la Convención de Belém do Pará.

Todos estos antecedentes permiten afirmar que el avance normativo en relación a la violencia contra las mujeres es significativo. Sin embargo, algunas evidencias muestran que las mujeres continúan viendo vulnerados sus derechos.

¿Qué ocurre en la justicia?

Concretamente, si se estudia el ámbito de la justicia puede observarse que la utilización de la normativa de género es en una obligación para los tribunales y su incumplimiento, implica que el Estado argentino infringe las obligaciones que contrajo a nivel internacional al ratificar las convenciones internacionales. Sin embargo, existen algunos factores como el desconocimiento por parte de los actores jurídicos (jueces, fiscales, defensores públicos, funcionarios judiciales, abogados litigantes) de la normativa de género y la existencia de estereotipos de género que condicionan la garantía de acceso a la justicia. Cabe aclarar que por ésto, no sólo se entiende el poder acudir ante el Poder Judicial, sino también obtener una sentencia justa en un plazo razonable.

A estas conclusiones arribamos en un estudio titulado Violencia de género: la eficacia de la normativa y de la perspectiva de género en la sala penal del TSJ.  Para realizar este trabajo, se revisaron 165 sentencias de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, elaboradas entre 2009 y 2012, para analizar si aplicaron perspectiva de género y normas específicas sobre el tema. Allí se puso de manifiesto que recién a partir del año 2012 (varios años después de encontrarse vigentes las normas de reconocimiento de derechos de las mujeres) este tribunal comienza a utilizar regularmente la normativa de género en las sentencias de casos de violencia contra la mujer, llegando a aplicarse en el año 2012 en el 29,7 por ciento de los casos.

En el mismo estudio, se constató que en los años 2009 y 2010 la estrategia defensiva de los imputados en estos casos se funda básicamente en la utilización de estereotipos de género, tales como que la mujer es mendaz, es decir, realiza denuncias falsas, o que la mujer es confabuladora y utiliza por ejemplo la denuncia penal sólo para producir un daño en el otro.

El accionar de los actores jurídicos y del Poder Judicial requiere ser estudiado, ya que este poder del estado es el último garante de los derechos humanos y los actores jurídicos son intermediarios entre el hecho y la respuesta final del Poder Judicial. Sus acciones y omisiones condicionan el acceso a la justicia de las víctimas de violencia o su revictimización. Además, el lenguaje jurídico del que ellos se valen posee una gran carga emotiva y de autoridad, de manera que si el Poder Judicial naturaliza, invisibiliza o es indiferente a la violencia contra la mujer, coadyuva a que en la sociedad se perpetúe la idea estereotipada de superioridad de lo masculino sobre lo femenino.

El Poder Judicial delimita las oportunidades y las barreras que los individuos poseen frente a los demás, al reconocer o no el ejercicio de los derechos humanos, y sus sentencias afectan la vida real de las personas, en este caso de las mujeres.

En resumen, la existencia de la norma es indispensable para el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres, sin embargo, la mera sanción no convierte esos derechos en realidad, y para ello son necesarias políticas públicas integrales y transversales a todas las temáticas; y en el ámbito específico del Poder Judicial se requieren políticas de capacitación y concientización, tarea que cabe reconocer ha comenzado a realizar la Oficina de la Mujer, tanto a nivel nacional como provincial.

Por último, es importante destacar que la violencia contra la mujer es una problemática endémica de salud, de violación de derechos humanos y de gravedad social, en cuya lucha debe trabajar el estado desde todos sus poderes, y su omisión lo hace responsable internacionalmente. El camino es complejo y los avances son graduales y generalmente lentos, pero no por ello menos importantes. Todo paso, salva vidas.

*Verónica Luetto es investigadora y docente de Derecho Público en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Actualmente realiza su tesis para el Doctorado en Política y Gobierno. Es abogada; Diplomada en Derecho Procesal y Magíster en gestión política. Su investigación sobre sentencias del TSJ fue su tesis de maestría.

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