Carlos Ferrer: El poder en Córdoba generó anticuerpos para que no lo investiguen

El exfiscal recuerda el caso Angeloz, que lo hizo conocido, y reflexiona sobre las relaciones entre la Justicia provincial y la política.

–30 años después, ¿lo siguen asociando como el fiscal del caso Angeloz?

–Tuve muchos casos en mi trayectoria judicial, pero sin duda fue el más resonante.

–Visto en perspectiva, pasó todo ese tiempo y no hubo ni siquiera funcionarios de segunda línea juzgados por presuntos hechos de corrupción, ¿cómo recuerda aquel proceso?

–No estaba acostumbrado a tanta exposición, tanta contundencia de los intereses de la política, que quedaran tan explícitas adhesiones y resistencias a la tarea que uno hacía. Y empecé a percibir operaciones, en el sentido técnico de la palabra, a través de los medios, a través de declaraciones de políticos o a través de interesados. Yo tenía poco tiempo como fiscal de instrucción, cinco años, y me di cuenta de que hay causas en las que el desafío no solamente es luchar contra el esclarecimiento del hecho, sino también luchar contra las dificultades que surgen en el entorno del hecho. Y a veces contra el sistema mismo.

–¿Por qué no volvió a pasar un proceso como aquel de un exgobernador juzgado por supuesto enriquecimiento ilícito? Más allá de que terminó con absolución por el beneficio de la duda.

–Uno podría decir que porque no hubo más casos de esa naturaleza. Cosa que suena raro, porque en la historia de una sociedad estas cosas pasan. Entonces quizás haya que pensar en que quienes se podrían ver amenazados, desde el poder, generaron algún tipo de anticuerpos previendo que estas situaciones no se repitieran con esa intensidad al menos.

–¿Cómo sería eso?

–Estos anticuerpos pueden ser de distinta naturaleza. Nombrando personas en los cargos de jerarquía confiables, para quienes puedan sentirse, de repente, expuestos a denuncias o a causas penales; o tratando de que las condiciones de desempeño judicial no se vean tan facilitadas para este tipo de causas. Cuando asumió el gobernador José Manuel de la Sota, declaró la emergencia judicial, con la cual se vio liberado para hacer designaciones, anticipó jubilaciones para poder vaciar de cargos a nivel penal, permitiendo que magistrados jóvenes de hasta 53 años se jubilaran. Pero, además, lo que hizo fue transformar la Cámara de Acusación, y sus competencias fueron asignadas a totalidad de la Cámara de Crimen, distribuidas por turnos por un breve período.

–¿Y eso qué implicó?

–Estos hechos, que a veces no son entendidos ni fáciles de interpretar para el común de la ciudadanía, tienen una significación netamente política, porque se trataba de nombrar magistrados nuevos, afines a la nueva instancia política.

–¿Esto quiere decir que para que se activen ciertas causas, debe cambiar el signo político?

–Entiendo que es así, no se puede ser ingenuo en esto, y además es lo que se percibe en el ámbito local y a nivel nacional también. Quienes designan a los magistrados de la máxima jerarquía del Poder Judicial tratan de generar un cuerpo que, por lo menos, no les sea hostil.

–Más allá de todos estos mecanismos, ¿hay una actitud personal del fiscal, del juez, del camarista de tener un poquito de valentía, de desafiar un poquito los poderes constituidos?

–Sí, totalmente. Quienes asumen la función con la clara convicción de cuál es su rol, cuál es su obligación y su responsabilidad frente a la sociedad y frente a uno mismo, deben actuar con ese cometido y sabiendo que la función no es un escritorio donde se tramitan expedientes burocráticamente, sino que son desafíos en los que hay que demostrar eficiencia, eficacia y hacerlo con probidad, o sea, con respeto y apego a la ley y con honestidad. Lo que pasa es que el poder genera lesiones, por un lado, y también genera disuasiones. Hay muchos casos graves que no han tenido trascendencia, como un fiscal al que le aflojaron las ruedas de su vehículo antes de hacer un viaje con su familia. La tarea de fiscal implica dejar de lado muchas veces las actividades sociales, familiares, personales, internarse en la oficina, en el espacio, en los lugares de trabajo en función de lograr un objetivo.

–El Fuero Anticorrupción lleva unos 25 años en el fuero provincial y casi no tiene casos que hayan llegado a juicio de personajes de relevancia o relacionados con el poder político.

–Si bien es bueno que en el Ministerio Público haya espacios especializados en determinadas manifestaciones delictivas, en este caso tan particular las estadísticas no han demostrado eficiencia o resultados que anunciaban que podían ocurrir.

–Hay otras cuestiones, como los famosos tiempos de la Justicia.

–Entiendo que es un problema que se reconoce y que se procura de algún modo revertir. Primero, promoviendo juicios abreviados y juicios abreviados iniciales, lo que permite arribar a respuestas más rápidas. Quiero destacar que hay una política del Ministerio Público de favorecer esta alternativa de juzgamiento rápido que incluye la posibilidad de no solamente acumular causas que están en etapa de investigación, sino también de acumular estas causas que están en etapa de investigación con causas que ya habían sido elevadas a juicios contra la misma persona y hacer un único juicio abreviado inicial. Ahora, no son las causas que tienen mayor interés o que solicitan mayor interés público.

–¿Están muy atravesados los tribunales de Córdoba por la política?

–Tendría que hacer una consideración segmentada, porque, en realidad, yo no puedo decir que a niveles de quienes ejercen las responsabilidades a nivel de fiscalía de Instrucción, de jueces de Control, o de camaristas en el fuero penal hayan tenido algún tipo de privilegio o influencias que les favorecieron su designación. Si uno tiene que hablar de la máxima jerarquía, es un dato objetivo que proviene de la realidad de mirar lo que ha ocurrido con las últimas designaciones, tanto el Tribunal Superior como el Ministerio Público Fiscal.

–En su caso, nunca se conoció una expresión pública respecto a simpatías políticas.

–Prefiero no expresarlas porque, al menos en el ejercicio de la función, me permitió ofrecer una templanza, una imagen de objetividad. Por supuesto, tengo simpatías, tengo ideas, tengo afición por algún tipo de fútbol, como todo ciudadano, como toda persona, pero siempre me preservé de expresarlas.

–Pero supongo que no afecta decir de qué club es simpatizante.

–Lo cual no quiere decir que porque simpatice por razones históricas y por haber nacido en un barrio popular de la ciudad de Córdoba, pueda decir que es el mejor o no el mejor. Y, además, como docente, no es de interés promover identificaciones de nadie con mis ideas, sino todo lo contrario. La docencia es transmitir información, curiosidad, destacar la curiosidad científica, pero con espíritu crítico. Y si uno se identifica o da muestra de tener alguna preferencia, es como que condiciona.

–¿La docencia lo apasiona como la actividad judicial?

–Sí, totalmente. Me apasiona haber tenido a cargo la gestión en la Universidad Católica y hoy mirar los egresados que uno está formando y capacitando para un ejercicio profesional con valores, pero además con adecuación a los tiempos que corren.

–¿En Córdoba hay independencia del Poder Judicial?

–Si yo digo sí o no, estoy involucrando a todas las personas que tienen responsabilidad para que eso ocurra. Hay jueces independientes, hay fiscales independientes, y también hay de los que no lo son.

Perfil de Carlos Ferrer

Carlos Ferrer fue fiscal de Instrucción y fiscal de Cámara en la Justicia provincial. El caso más importante fue promover el juicio por presunto enriquecimiento ilícito del exgobernador Eduardo Angeloz, del cual resultó absuelto por beneficio de la duda. Además, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba y es profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Católica de Córdoba.