Caso $LIBRA: qué es una interpelación ante el Congreso y qué antecedentes existen

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

• Cuatro funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, deberán presentarse ante la Cámara de Diputados para una interpelación por el caso $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei.

• La Constitución habilita al Congreso a citar a funcionarios del Poder Ejecutivo “para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”, aunque no hay sanciones para quienes incumplan la obligación de asistir.

• La última interpelación en el Congreso fue en 1996: el Senado citó al entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, para que dé explicaciones sobre la rebaja de impuestos internos y modificaciones en los impuestos a los combustibles líquidos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, deberán presentarse este martes 29 de abril en la Cámara de Diputados para una interpelación por el caso $LIBRA, tras la postergación dispuesta hace una semana por la muerte del papa Francisco.

La sesión será a las 14 horas y la convocatoria fue aprobada por impulso de la oposición el último 8 de abril, cuando también se dispuso la creación de una comisión investigadora en la Cámara baja y un pedido de informes al Poder Ejecutivo.

Pero, ¿qué es una interpelación? ¿Qué antecedentes existen? Lo repasamos en esta nota.

Qué dicen la Constitución y el reglamento de la Cámara sobre la interpelación

La Constitución nacional dispone en su artículo 71 que “cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”. Aunque no utiliza ese concepto, este es el artículo que refiere a lo que se conoce como “interpelación”.

Por su parte, el artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados dispone que “todo diputado puede proponer la citación de uno o más ministros del Poder Ejecutivo y juntamente con ellos la de los secretarios de Estado que corresponda para que proporcionen las explicaciones e informes” a los que se refiere el artículo 71 de la Constitución.

Más adelante, al final del artículo 206, aparece el concepto de la interpelación: “Una vez presentes los ministros y secretarios llamados por la Cámara, el presidente les comunicará el motivo de la citación, en nombre del cuerpo, e inmediatamente les concederá la palabra. Luego que hubiesen concluido su exposición, hablarán el diputado interpelante y los demás diputados que lo desearen”.

La especialista Mónica Cingolani, de la Universidad Católica de Córdoba, explicó en un trabajo publicado en 2019 que “las capacidades institucionales de las interpelaciones” son limitadas. “Sus efectos se reducen a la imposición de la obligación de concurrir personalmente al Congreso para interpelación, y no hay sanciones efectivas por incumplimiento del requerimiento de presentarse”.

Agregó que “si las Cámaras quedaran insatisfechas” con las explicaciones de los ministros convocados, no pueden “promover una moción de censura, que sólo es procedente para el jefe de Gabinete”. La moción de censura refiere a la potestad del Congreso de remover al jefe de Gabinete.

¿Qué antecedentes de interpelaciones existen?

Según informaron a Chequeado desde la Cámara de Diputados de la Nación, la última vez que un ministro fue interpelado en la Cámara baja fue el 20 de julio de 1995, hace casi 30 años. En aquella oportunidad, Domingo Cavallo, por entonces ministro de Economía y Obras Públicas del gobierno de Carlos Menem, y Armando Caro Figueroa, ministro de Trabajo, asistieron para informar sobre “el problema de la desocupación”, según consta en un informe de la Dirección de Información Parlamentaria de la Cámara baja al que accedió este medio.

Por otra parte, la última vez que se llevó a cabo una interpelación en el Congreso fue el 24 de abril de 1996, hace 29 años. Se repitió el interpelado, Domingo Cavallo, pero esta vez fue el Senado quien convocó. Lo hizo para que el ministro informe “sobre la rebaja de alícuotas en los impuestos internos” y “la elevación de los tipos impositivos a los combustibles líquidos”.

Desde entonces, según ese informe, las cámaras del Congreso aprobaron 4 pedidos de interpelaciones (3 en Diputados y 1 en el Senado), pero en ningún caso se realizó. En agosto de 1997 Diputados aprobó la interpelación de los entonces ministros de Economía, Roque Fernández; Salud, Alberto Mazza; y Acción Social y Trabajo, Armando Caro Figueroa para que “informen sobre los conflictos sociales desencadenados en varias provincias”. Pero los ministros no concurrieron.

En noviembre de 1999 la Cámara baja citó nuevamente a interpelación Roque Fernández, en este caso junto al secretario de Industria, Comercio y Minería, Alieto Guadagni. ¿Los motivos? Que informen sobre “la situación de la industria autopartista y los despidos anunciados”. Fue contestado por el Poder Ejecutivo varios meses después, cuando ya habían cambiado las autoridades del Gobierno. Fernández y Guadagni no asistieron.

En 2001 el Senado aprobó la interpelación de Ramón Mestre, ministro del Interior del gobierno de Fernando De la Rúa. Se lo convocó para que informe sobre “los hechos vinculados a la detención de Raúl Romero Feris”, ex gobernador de Corrientes que se encontraba detenido desde 1999. Mestre tampoco concurrió.

Por último, en 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la Cámara de Diputados aprobó la interpelación del entonces canciller Rafael Bielsa para que “informe sobre la denuncia de un acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina”. Tampoco asistió.

El trabajo de Mónica Cingolani, que analizó las interpelaciones del período 1994-2011, concluye: “El Congreso argentino no es actor políticamente relevante en materia de control; a veces es activo, pero siempre es inefectivo”.

Y agrega: “El índice de aprobación es muy bajo (en casi 2 décadas sólo se aprobaron 24 interpelaciones de 882 pretendidas) y la última interpelación realizada hasta 2011 había tenido lugar en 1996. Así, el control por interpelaciones es contundentemente irrelevante a los fines de mitigar las asimetrías de información entre poderes”.