Publicado el 08-11-2026 en La Voz del Interior
Federalismo plebeyo
Los subsidios al transporte muestran, quizá mejor que ninguna otra política, cuánto se aleja el reparto de los recursos públicos de lo que la Constitución promete a las provincias.
Por Pablo Sánchez Latorre (*)
En noviembre de 1859, el Pacto de San José de Flores estableció que la Aduana de Buenos Aires pasaría a manos de la Nación y que, como contrapartida, la Nación le garantizaría a la provincia su presupuesto durante cinco años. Quienes enseñamos historia del derecho solemos detenernos en esa cláusula, que muestra que la unión se pactó, en buena medida, compensando a la provincia más poderosa..
Más de siglo y medio después, al mirar cómo se reparten los subsidios al transporte, cuesta no advertir que la compensación sigue corriendo en la misma dirección.
Según un relevamiento del Cepa, en abril de este año el boleto urbano costaba $ 1.720 en Córdoba, mientras que en las líneas nacionales del Área Metropolitana de Buenos Aires se pagaba $ 700; en Rawson se acercaba a los $ 2.200. Una diferencia de esa magnitud no se explica sólo por costos, sino también por decisiones que gobiernos de signo diverso acumularon durante años.
Nada de esto enfrenta al pasajero de Córdoba con el de La Matanza, porque ninguno de los dos diseñó el sistema que los coloca en situaciones tan distintas. La pregunta es por qué el Estado nacional organizó una asistencia cuya intensidad depende del lugar donde cada uno vive.
Asimetrías
La respuesta oficial suele ser jurídica: las líneas que unen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) con el conurbano son de competencia federal, mientras que el transporte urbano del interior corresponde a provincias y municipios.
La distinción es correcta, aunque la competencia indica quién regula un servicio y no explica por qué una frontera administrativa debería determinar cuánto auxilio público recibe un usuario. El trabajador que cruza la General Paz y el que atraviesa Córdoba para llegar a su empleo hacen, socialmente, el mismo viaje.
Ese argumento suele omitir, además, que los subsidios se financian, entre otras fuentes, con lo recaudado sobre los combustibles en todo el país. En un pedido de informes presentado este año en la Cámara de Diputados, se citan cálculos según los cuales, en 2023, el interior recuperó por el Fondo Compensador apenas el 21% de lo que aportó por esa vía, mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) recibió cerca de cinco veces lo que había aportado. Ese mismo año, el área metropolitana concentró el 89% de las compensaciones. Es difícil no recordar la vieja aduana, que cobraba al país entero y gastaba en el puerto.
La asimetría no es nueva ni pertenece a un solo partido. En el Consenso Fiscal de 2017, la Nación se comprometió a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales al Amba, con lo que reconocía el problema por escrito. Al año siguiente, una ley del Congreso dio forma al Fondo Compensador del Interior, un instrumento modesto, que al menos apuntaba a atenuar la brecha.
En 2024 fue suprimido por un decreto de necesidad y urgencia. Es cierto que la Nación también recortó aportes en el área metropolitana y traspasó a la Ciudad y a la Provincia las líneas que no salen de su territorio, pero conservó la asistencia a las interjurisdiccionales, que hasta mediados de 2025 absorbían cerca del 70% de lo ejecutado en compensaciones.
l Gobierno responde que cada Provincia debe hacerse cargo de su transporte. Es una posición discutible pero legítima, si se aplicara a todos por igual. Lo que resulta difícil de sostener es que el retiro empiece por el interior y se detenga, en buena parte, en las puertas del Amba.
Además, la Constitución no es neutral frente a la desigualdad entre regiones: el artículo 75, inciso 19, encomienda al Congreso promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones, y el inciso 2 reclama equidad y solidaridad en la distribución de los recursos federales.
Por eso entiendo que la objeción es, ante todo, constitucional. El artículo 16 veda las distinciones arbitrarias y el 28 exige razonabilidad en el ejercicio de las competencias. Puede que ninguna transferencia, por sí sola, sea ilegal; la arbitrariedad aparece en el conjunto, en una serie de decisiones formalmente válidas que terminan produciendo un país materialmente desigual. Mirado así, el esquema vigente difícilmente supere un control serio de constitucionalidad.
Lentitudes evidentes
La Justicia, por su parte, se ha tomado su tiempo. La Provincia de Buenos Aires demandó a la Nación por la eliminación del fondo en abril de 2024, y recién el 29 de octubre pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente, al igual que en los reclamos de La Rioja y La Pampa. Dos años y medio sólo para definir quién debía resolver.
Chubut, en cambio, obtuvo en 2024 una cautelar y logró que le giraran los fondos. El contraste deja la impresión de que el alivio depende menos de la necesidad que de la suerte judicial o de la buena relación con la Casa Rosada, y así una obligación constitucional se parece demasiado a una concesión. Ese es el federalismo de los despachos; le falta el otro, el plebeyo, que se mide en lo que paga cada pasajero.
Detrás del lenguaje contable, hay consecuencias concretas. Cuando una provincia absorbe el costo del transporte, quita recursos a otras áreas, y cuando un municipio aumenta el boleto, el ajuste lo termina pagando el usuario. En muchas ciudades del interior, eso se tradujo en frecuencias más espaciadas y recorridos recortados, y una localidad que pierde su línea queda más lejos del trabajo, de la escuela y del hospital.
Restituir el fondo no alcanzaría si queda librado a la próxima negociación; haría falta una ley federal de movilidad que establezca una regla común para todo el territorio, con criterios de vulnerabilidad, conectividad y costos reales, distribución automática y datos abiertos, para que el subsidio deje de depender del mapa jurisdiccional y de la afinidad política.
En 1859, la Nación aceptó compensar a Buenos Aires para que la unión fuera posible. Lo que hoy reclama el interior no es un privilegio, sino que la Constitución se cumpla también lejos del puerto: un federalismo plebeyo, que pueda comprobarse en la parada del colectivo antes que en la foto de un acuerdo.
*Profesor de Historia del Derecho (UNC-UCC)
Medio Publicado: La Voz del Interior
Temática: UCC
Autor/Redactor: Pablo Sánchez Latorre
Fecha de Publicación: 08-11-2026