“La violencia digital es violencia real”

Nuestra vida cotidiana transcurre tanto en el mundo físico como en el digital y, aunque aún persiste la idea de que "lo que pasa en internet no es tan grave”, hoy la violencia digital —o ciberviolencia— se ha convertido en una de las formas más extendidas de agresión, capaz de traspasar pantallas y producir efectos extremadamente dañinos. Sin embargo, como sociedad todavía estamos aprendiendo a reconocerla y, sobre todo, a denunciarla.

La violencia digital abarca desde el hostigamiento constante hasta la difusión no consentida de contenido íntimo, pasando por la manipulación emocional, el control de la pareja, la extorsión sexual y el doxing. Todos estos comportamientos comparten dos características: son intencionales y buscan lastimar, intimidar o dominar a otra persona. Y aunque ocurran en redes sociales, chats o correos electrónicos, sus consecuencias son profundamente reales.

El impacto psicológico que puede generar es enorme: ansiedad, miedo, trastornos del sueño, depresión e incluso pensamientos de autolesión. La víctima vive en un estado de alerta permanente, temiendo cada notificación, cada mensaje, cada comentario público. Y muchos terminan aislándose, dejando de participar en actividades sociales o incluso abandonando el uso de tecnologías que deberían favorecer la comunicación, y no convertirse en una fuente de terror. La violencia digital también puede arruinar reputaciones, afectar oportunidades laborales, deteriorar relaciones familiares y, en casos extremos, poner en riesgo la integridad física de la persona agredida.

En un mundo hiperconectado el daño se multiplica con cada clic

No es casual que este tipo de violencia crezca en un entorno donde la exposición pública es moneda corriente y donde el acceso a la información personal es cada vez más sencillo. Basta un clic para que una foto íntima se vuelva viral. Basta una cuenta falsa para acosar sin descanso. Basta un adulto manipulador detrás de un perfil anónimo para acercarse peligrosamente a un menor. Lo que antes requería cercanía física, hoy puede hacerse desde la comodidad, distancia y anonimato de un teléfono.

Ahora bien, la prevención no depende solo de mantener contraseñas fuertes o activar la autenticación de dos pasos —aunque estas medidas técnicas son indispensables—. También requiere desarrollar una cultura digital más consciente y empática. Pensar antes de publicar, no aceptar solicitudes de desconocidos, evitar la sobreexposición de datos personales y ser prudentes con el contenido que compartimos son hábitos que pueden reducir enormemente nuestra vulnerabilidad. Pero hay algo más profundo: debemos dejar de normalizar las prácticas agresivas en línea. No todo es humor, no todo es “libertad de expresión”, no todo es “solo internet”. La violencia es violencia, aunque venga en forma de mensaje privado.

En este sentido, la educación digital debe ser una prioridad urgente. Escuelas, familias y espacios de trabajo necesitan integrar estrategias claras de prevención y protocolos de cero tolerancia al acoso digital. La comunidad también tiene un rol fundamental: denunciar cuando seamos testigos de agresiones, no replicar contenido dañino y acompañar a quienes están siendo atacados. El silencio, en el mundo digital, también puede ser cómplice.

**Marco legal en Argentina **

Afortunadamente, en Argentina, el marco legal ha comenzado a ponerse a la altura de la problemática. La Ley Olimpia (Ley 27.736), sancionada en 2023, representa un avance trascendental: reconoce la violencia digital como una modalidad de violencia de género e incorpora medidas judiciales específicas para proteger a las víctimas. Esta ley permite ordenar la eliminación de contenido violento, bloquear perfiles, prohibir el contacto digital del agresor y garantizar el resguardo rápido de la evidencia. Su mensaje es claro y contundente:la violencia digital es real, es grave y es punible.

A esto se suman la Ley 26.904, que penaliza el grooming, y la Ley Mica Ortega, que crea un programa nacional de prevención del ciberacoso a menores. Por otra parte, el Código Penal ya contempla figuras como amenazas, coacción y violación de la privacidad, delitos que hoy se cometen a través de medios digitales con una frecuencia alarmante. Sin embargo, tener leyes no basta si la ciudadanía no las conoce o no sabe cómo usarlas.

En la provincia de Córdoba existen mecanismos específicos de denuncia y asesoramiento, tanto presenciales como en línea. Las Unidades Judiciales están obligadas a recibir denuncias las 24 horas, y la Oficina Especializada en Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal brinda asistencia y acompañamiento en la investigación. Para casos de violencia extrema, las líneas nacionales 137 y 102 ofrecen apoyo inmediato las 24 horas del día. Pero el paso más importante —y, para muchos, el más difícil— es animarse a denunciar. Y para eso es vital recordar una regla esencial: no borrar nada. Las capturas de pantalla, los mensajes, las direcciones web y los archivos originales son pruebas clave para iniciar cualquier procedimiento.

El mundo digital no es un espacio aparte donde las normas dejan de aplicarse. Es una extensión de nuestra vida, de nuestros vínculos y también de nuestras vulnerabilidades. Por eso necesitamos construir un entorno más seguro, responsable y humano. La violencia digital no desaparecerá de un día para otro, pero podemos empezar por algo simple: reconocerla, nombrarla y enfrentarnos a ella con la misma seriedad con la que enfrentamos cualquier otra forma de violencia. Solo cuando dejemos de minimizar el daño que ocurre detrás de una pantalla podremos avanzar hacia una convivencia digital verdaderamente respetuosa y protectora de la dignidad de todas las personas.